Ayer se debatió en la Comisión de Justicia del Congreso esta propuesta de Coalición Canaria para impedir por Ley a las televisiones que puedan seguir pagando a condenados por ir a hablar de sus delitos. Hoy, delincuentes condenados, como Farruquito, Julián Muñoz o El Cuco -y sus familiares- están de enhorabuena, pues podrán seguir paseando su miseria moral por los platós y venderla por suculentas cantidades de dinero a las televisiones que quieran pagarles por ello. Eso sí, se arriesgan a que el Gobierno les dé luego un cachetillo en el culo con regañina; lo cual hace muy difícil que se atrevan, claro…

Llevo muchos cientos de horas dedicadas a este tema. No sólo porque hablé de ello aquí en 2008, 2009, 2010 y 2011, sino porque tuve mucho que ver en que ayer se produjera ese debate en el Congreso. Primero, porque fui quien en octubre de 2011 pidió en este blog a los anunciantes de un programa que dejasen de apoyar con su dinero una práctica nauseabunda, la de contratar y pagar a criminales por hablar de su delito -ojo, que no les niego su libertad de expresión, sino su derecho a cobrar por ello-. Y segundo, porque cuando las marcas actuaron de forma responsable, aprendí que ese agujero legal no podía depender de la denuncia de un ciudadano ni de la responsabilidad de unos anunciantes.

Por eso, como conté, a partir de febrero, visité a diputados que representan al 95'7% del Parlamento (todos menos Amaiur y algún minoritario), para convencerles de que tenían la obligación de legislar para que nunca más una familia de un asesinado tuviera que ver cómo su asesino o sus cercanos se hinchan a ganar dinero por agujerearles más el corazón recordando su crimen. La primera diputada a la que visité fue Ana Oramas (Coalición Canaria), quien ya había hecho otro intento en 2008 para regular el tema y quien, a raíz de nuestra reunión, decidió volver a presentar la propuesta que ayer se debatió. Os explico en qué quedó el debate.

Ayer el Congreso tenía 4 opciones, de mayor a menor implicación:

1. Aceptar la propuesta de Ana Oramas de modificar la Ley de Comunicación Audiovisual para prohibir así a las televisiones pagar a condenados. Oramas incluyó también a presuntos delincuentes, cosa con la que no sintonizo, como os dije aquí. También se podía haber aceptado la propuesta puliendo detalles para que sólo se prohíba pagar por hablar de su delito a delincuentes ya condenados y no a gente que aún está siendo juzgada (caso actual de Isabel Pantoja u Ortega Cano, por ejemplo).
2. Optar por pedirle al Gobierno que obligue a las televisiones a reunirse y a hacer un código de co-regulación por el que ellas mismas se comprometan a no pagar a delincuentes ya condenados por hablar de su delito. Firme pero nada intrusista: las teles tendrían libertad para cerrar los detalles, y el Gobierno les obligaría a hacerlo.
3. Pedirles a las teles que se autorregulen para no volver a caer en esas prácticas, "porque son despreciables".
4. No hacer nada.

La libertad de expresión no estaría jamás en juego en ninguno de los dos supuestos de regulación (1 y 2), pues los condenados podrían seguir yendo a las teles a expresarse, pero sin cobrar. De las 4 opciones, me quedo con la 2ª, que es la que todos los juristas expertos me han aconsejado de forma coincidente, y la que propuse hace un mes, y habéis apoyado 53.412 personas. La 1ª encierra peligros y choca probablemente con derechos fundamentales; la 4ª era una opción demasiado bochornosa porque supone reconocer que al Gobierno le importa más no enfrentarse a las teles que arreglar un problema y proteger del dolor a familias como la de Marta del Castillo, Sandra Palo o Ana Jerez. Por eso ayer el PP optó por la 3ª opción, que Europa Press recoge con un titular que es puro eufemismo. Esta es la versión de la agencia, que hoy copiarán como papagayos muchísimos medios:

"El Congreso apuesta por la autorregulación de los medios para evitar entrevistas pagadas a condenados".

"Autorregulación", sí. Es la palabra que nos trajo hasta aquí; lo que ya había todas las veces que las teles se han propasado contratando y pagando a delincuentes ya condenados. ¿Qué significa eso de apostar por la autorregulación? Pues que el PP rechazó la propuesta de Coalición Canaria y la cambió -con su mayoría absoluta- por este texto, en el que pide educadamente a las teles, frunciendo muy fuerte el ceño, que, si no les molesta mucho y si tienen un ratito, por favor se organicen entre ellas para dejar de pagar a condenados por aparecer hablando de sus crímenes y delitos. Les pide que renuncien a obtener cuotas gigantes de audiencia gracias al morbo de entrevistar -pagando- al malo de la película (porque los malos, es lo que tienen: sólo quieren ser vapuleados por los entrevistadores y acuchillados mentalmente por los espectadores si, a cambio, se llevan una pasta por ese mal trago). En otras palabras, es como si le pides a los ríos que no fluyan hacia el mar; o como si en una habitación llena de niños y con un plato de jamón de jabugo en el centro de la mesa, los padres les dicen poniendo voz engolada y frunciendo mucho el ceño de forma impostada: "no os comáis el jamón, niños, que es malísimo". Durante un rato, los niños respetarán; pero cuando se relajen, y sabiendo que les saldrá gratis, se mirarán entre sí y volarán a dejar el plato de jamón vacío.

Alguno me dirá: "No te preocupes, hombre, que con lo que ya pasó, una tele no se va a atrever a volver a pagar a un delincuente". Sí, a un asesino no se atreverán -o al menos, hasta que la indignación se calme- pero a cualquier pantojo de turno lo tenemos en prime time -recibiendo premios de miles de euros por delinquir- pasado mañana. Y más allá de si lo hacen o no, es intolerable que el tema quede a expensas de que un directivo de televisión decida obtener audiencia pagando a alguien por hablar de su delito. ¿Qué les pasará si lo hacen? Que el Gobierno les reñirá moviendo mucho el dedo para que entiendan que lo que han hecho está feo.

¿Y si volvemos a sufrir con un delincuente tan suculento y morboso como para que una tele quiera pagarle por contarnos sus cosas? ¿Qué pasará entonces? Pues que volveremos a la casilla de salida: algún ciudadano indignado intentará reprochar su bajeza moral a la cadena de televisión que sea, ante la mirada con regañina y brazos en jarra del Gobierno. Y esa cadena -u otra- mandará a su gente a disparar de forma miserable contra el ciudadano. El director de marketing insinuará que el ciudadano tiene intereses personales ocultos, el presentador del programa deslizará que el ciudadano lo hace por dinero o que no puede ser casual que tras miles de personas indignadas no se esconda el interés por hundir a una cadena líder en beneficios; los colaboradores del programa dirán que "es una cosa oscura […] y una estrategia interesada de algún sector que yo ignoro", que "no es gratuito que esto pase en la cadena más fuerte", que "en internet hay mucho pasamontañas", que "hay gritos que nacen en intereses nada vírgenes", o sencillamente, o se inventarán un estudio -jamás publicado- para decir que los que protestábamos éramos cuatro gatos y que el 93% de las protestas en internet procedían de cuentas inexistentes.

Entonces será otro el ciudadano que duerma mal durante semanas sabiendo que algo que él inició terminó provocando una caída del 25% en la acción de una gran empresa; será otro ciudadano el que ponga cada noche la alarma de su casa por si a alguno de los posibles perjudicados le da por perder la cabeza; será otro el que acabe pagando un precio por su osadía, en forma de pérdida de negocio o de veto a su participación profesional en foros en los que antes era bienvenido; será otro quien reciba por tierra, mar y Twitter los insultos de gente que le cree a él responsable de ser despedido de su puesto de trabajo, o de los familiares y amigos de esa persona despedida que -legítimamente- estiman que fue el ciudadano -y no su empleador- quien puso en juego su puesto de trabajo.

Pero eso no es lo importante. Lo importante es que, si vuelve a pasar, habrá una familia como la de Marta del Castillo a la que se le vuelva a encoger el estómago, a la que le falten las lágrimas viendo cómo sus verdugos se forran gracias a hablar del crimen de su hija; a la que la rabia y la impotencia les haga incapaces de comprender por qué se permite que se les vuelva a asesinar a su hija en directo y por qué sus asesinos ganan fama y dinero por ello. Y entonces nos acordaremos del Gobierno del Partido Popular, que no quiso hacer nada por evitarlo. A ver cómo se lo explicamos entonces a nuestros hijos, o a familias como la de Marta del Castillo. Le diremos a esa familia que aquel gobierno prefirió no molestar a las televisiones a costa de permitir su bajeza. Y volveremos a empezar. Ojalá que nunca más pase. Y si pasara, sigamos el consejo de Ana Mato: crucemos mucho los dedos o pongamos una ramita de laurel encima de nuestras teles, que seguro que funciona.

PD: Culpo sólo al Gobierno de lo ocurrido porque la postura de los demás partidos es irrelevante en el resultado (mayoría absoluta manda). Cuando el PP introdujo su enmienda, los demás sólo podían oponerse y votar negativo -habrían quedado como que NO querían solucionar este tema-, apoyarla para que al menos se viera que reprobaban que las teles permitan lucrarse a los delincuentes (así hicieron UPYD, CIU y Coalición Canaria), o abstenerse al considerar que la enmienda desvirtúa el texto inicial de Coalición Canaria hasta convertirse en "una simple declaración" (PSOE).

PD2: Lo de que varios de los diputados que fueron a esa comisión no supieron que iban a ir hasta 30 minutos antes, mejor os lo cuento otro día.

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