"Eso es imposible", o "Personalmente sintonizo al 100% con vuestra propuesta, pero profesionalmente no sé cómo se puede abordar". Quizá son las dos frases que más veces he tenido que escuchar cada vez que le he planteado a un político o un abogado que nos dé una solución para que un criminal o sus cercanos no ganen dinero por hablar de su delito en televisión. Y cada vez que alguien me las dice, es como si me pusieran banderillas. Me niego a aceptarlas.

Os voy a hablar de dos nombres: Ana Oramas y Carlos Romero, dos personas con sensibilidad y poder para cambiar las cosas. Y de ambos tengo hoy dos buenas noticias que daros. Especialmente, a los 53.380 que habéis apoyado la petición de que el Gobierno reúna a las televisiones para crear juntos un código de co-regulación que impida en el futuro que los criminales se beneficien de su delito en los platós. La primera novedad es que mañana miércoles se debate, en la Comisión de Justicia del Congreso, esta propuesta presentada por la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas para que el Gobierno regule el asunto con un cambio legislativo que impida que criminales o familiares se lucren por hablar en televisión de su delito y pisoteen encima la memoria de sus víctimas, convirtiendo su miseria moral en negocio. Que hablen, sí; que ganen dinero a costa de ello, NO.

No hace falta que os recuerde que ha pasado en casi todas las televisiones, con casos tan flagrantes como los 140.000€ que cobró Farruquito por hundir aún más a la familia de Benjamín Olalla, o el archiconocido episodio de la madre del condenado El Cuco, que motivó una ola de indignación ciudadana y sensatez de las marcas a raíz de mi petición a éstas de que dejasen de apoyar semejantes tropelías.

Como miles de vosotros sabéis, el pasado 16 de mayo aproveché lo aprendido en estos meses para presentar una posible solución, explicadas en este artículo, este vídeo y esta carta en Change.org que ya habéis firmado 53.380 personas -¡Gracias!-. Las protestas con propuesta de mejora sí que sirven, y tú sí que tienes el poder de cambiar las cosas. O al menos esa es la realidad a la que creo que nos encaminamos sin vuelta atrás.

Dos personas con sensibilidad, os decía… Además de Ana Oramas, os mencionaba otro nombre: Carlos Romero. Es el Subdirector General de Contenidos de la Sociedad de la Información, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI). Y ayer tuvo la sensibilidad de recibirme para escuchar la propuesta que queremos trasladar al Secretario de Estado, Víctor Calvo-Sotelo.

La reunión -en la que estuvo también su Consejera Técnico Julia López de Sa Fernández-, fue muy cordial. Planteé a Carlos Romero que tienen la obligación moral de poner fin a este tipo de prácticas de forma definitiva, y que no pueden dejar que a un directivo de cualquier televisión le dé por volver a contratar y pagar a otro criminal para que se lo lleve crudo por hablar de sus crímenes. O, igualmente despreciable, por pagar a un delincuente de tantos que han sido condenados por delitos económicos y aún no han restituido lo robado.

Estuvimos tres cuartos de hora hablando de cómo poner fin a esto, y les enseñé el vídeo en el que periodistas y familias de víctimas respaldan este cambio:

Al final de la reunión, Carlos Romero se comprometió a trasladar la preocupación sobre este tema al Secretario de Estado para tratar de buscar una solución al problema desde la SETSI. Pero volvamos al tema de mañana: la diputada Oramas quiere que el Congreso dé un mandato al Gobierno para promover un cambio legislativo que impida a las televisiones pagar a criminales o a delincuentes económicos que no hayan devuelto el dinero robado. Aplaudo la iniciativa de Ana Oramas porque además hace tiempo que busca abordar el tema desde su posición como diputada: justo cuando en 2008 yo empezaba a denunciar estos temas en mi blog, Ana Oramas presentaba ya una propuesta al Congreso, que entonces no cuajó. Por eso, cuando en febrero de 2012 empecé a ver a políticos para pedirles una solución, la primera a la que visité fue a ella. Y tuvo la misma sensibilidad impecable que había tenido durante estos años, pues a la semana de aquella reunión ya había presentado la propuesta que mañana por fin llega al Congreso.

Oramas, lo cuenta ella en el HuffPost, propone un cambio en la Ley General de la Comunicación Audiovisual, y abre la prohibición incluso a que se pague a presuntos delincuentes. Llevo meses consultando con tres abogados expertos en el asunto, y todos coinciden en que un cambio en esa ley colisionaría, casi con toda seguridad, con derechos fundamentales; en cuanto a que se impida ganar dinero en TV a presuntos delincuentes, como periodista no puedo estar de acuerdo, pues eso encierra peligros claros para la libertad de expresión. Por eso mi propuesta es más suave pero puede que igual de eficaz: que el Secretario de Estado de Telecomunicaciones reúna a las televisiones y juntos se comprometan, mediante un código de co-regulación, a no volver a pagar a criminales por ir a hablar de sus delitos.

Dos caminos distintos pero lo que importa es el fin: que el delito no dé pasta a sus autores en TV

Es un camino distinto del que propone Oramas, pero ella lo plantea como un debate abierto, sobre el que los grupos políticos tendrán que transitar hasta encontrar la mejor solución. ¿Pueden un asesino o un violador ganar dinero por contar su fechoría? Yo creo que no. ¿Puede un ladrón de poca monta? Serán los especialistas quienes vean dónde merece la pena cortar. ¿Puede la madre de un criminal llevárselo muerto por hablar de su delito? Tajantemente no. ¿Puede un primo segundo? Pues ahí es donde tendrán que velar por que el crimen no genere directa ni indirectamente beneficio a sus autores ni a su entorno cercano, pero con cuidado de que no peligren los derechos de inocentes.

A grandes rasgos, el asunto se resume en que todo el mundo tenga libertad de expresión, pero que el crimen no les dé beneficio a sus autores. Que el asesino o su hermano vayan a hablar del crimen, me da asco pero lo acepto; que cobren por ello, jamás. Mañana le toca a los diputados de la Comisión de Justicia del Congreso recoger esta patata caliente y llevarla al plato. Y espero que se mojen y que no eludan su responsabilidad. Los matices y el debate son sanos, pero siempre que sea para avanzar en su obligación: no aceptaremos que se nieguen a coger el toro por los cuernos. Será mañana miércoles al final de la tarde, y se puede ver en el canal Congreso TV. Como no creo que queráis tragaros el debate entero, podréis ver un resumen en mi Twitter.

De Ana Oramas es el mérito de que el Congreso aborde por fin un tema tan necesario; de todos los grupos es la responsabilidad de cerrar el debate con un camino de salida hacia la solución. No podemos dejar en manos de un directivo de una tele la decisión de volver a las andadas. Lo han hecho demasiadas veces y desde casi todas las cadenas. Entre otras cosas, se lo debemos a las familias de víctimas como Ana Jerez, Sandra Palo o Marta del Castillo. Pero también nos lo debemos a nosotros mismos. Un cambio que impida a las televisiones contratar y pagar a criminales mejora la sociedad española. Es bueno para los espectadores, que no nos revolveremos viendo cómo un delincuente gana dinero a costa de su miseria moral; para las marcas anunciantes, que tendrán en la tele un entorno publicitario más seguro; y para las propias televisiones, que tendrán la tranquilidad de hacer un negocio desde la ética y de saber que sus programas son soportes publicitarios responsables, mucho más valiosos para los anunciantes.

Así que, en nombre de las 53.380 personas que respaldan mi petición, vigilaré a los políticos y especialmente al Gobierno (y a la SETSI) para que nos escuchen. No tienen ni una sola razón para no acometer el cambio que proponemos. Y por supuesto, no pararemos hasta que el cambio sea una realidad. #nomascrimenpagadoenTV. Claro que we can. Pero no porque queramos, sino porque debemos.